En un giro significativo en la legislación electoral, la Asamblea Legislativa aprobó a favor la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, lo que elimina la deuda política y obliga a los partidos políticos a autofinanciar sus campañas electorales. La decisión fue tomada durante la plenaria número 43, marcando un cambio histórico en la forma en que los grupos políticos o coaliciones han financiado sus gastos de promoción electoral en el país.
Con esta modificación constitucional, se anula un mecanismo que, por décadas, permitió al Estado financiar las campañas políticas. Este financiamiento, otorgado por el Ministerio de Hacienda, se basaba en el número de votos válidos obtenidos en cada elección y estaba respaldado tanto por la Constitución de 1983 como por el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos de 2013. A partir de ahora, estos mecanismos quedarán eliminados de ambas normativas.
En las elecciones de 2024, el financiamiento público asignado a los partidos por voto válido fue de $6.05 por cada sufragio en las elecciones presidenciales y de $3.28 en las elecciones para diputados, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR), tomando en cuenta la inflación acumulada.
La eliminación de la deuda política ha generado diversas posturas, siendo una de las principales la crítica a la incongruencia de destinar recursos públicos para financiar campañas electorales cuando esos fondos podrían ser utilizados para atender necesidades más urgentes en áreas prioritarias, como salud y educación. Los diputados argumentan que esta medida permitirá un uso más eficiente de los recursos del Estado y dará mayor autonomía a los partidos políticos para gestionar sus propios fondos en lugar de depender del financiamiento estatal.
Esta reforma marca un antes y un después en la historia electoral del país, cambiando las reglas del juego para los partidos políticos en futuras contiendas electorales.
