El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará el 26 de febrero la solicitud del gobierno salvadoreño para acceder a un programa de asistencia financiera por $1,400 millones.
Según el calendario de actividades del FMI para esta semana, el miércoles está programada la evaluación del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), cuya negociación técnica concluyó el 18 de diciembre de 2024 entre el organismo y el gobierno de El Salvador.
Condiciones previas y reformas a la Ley Bitcoin
Para la aprobación de la solicitud, el Directorio Ejecutivo revisará el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración de Nayib Bukele. Entre estos destaca la reforma a la Ley Bitcoin, que desde su implementación en septiembre de 2021 fue un obstáculo en las negociaciones con el FMI.
A petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó el 19 de enero de 2024 un paquete de reformas que restringe el uso de la criptomoneda al sector privado y de manera voluntaria. Además, se eliminó la posibilidad de pagar impuestos en bitcoin y se garantizó que las deudas del gobierno se cancelarán en la moneda en la que fueron adquiridas.
Ajuste fiscal de 3.5 % del PIB
En caso de que el FMI apruebe la solicitud, el gobierno deberá implementar un ajuste fiscal equivalente a 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de tres años.
Este ajuste implicará medidas para incrementar los ingresos y reducir el gasto público. A pesar de la incertidumbre sobre posibles alzas de impuestos, funcionarios gubernamentales han asegurado que no se contemplan nuevos tributos.
En diciembre, el FMI destacó que el gobierno salvadoreño ya inició medidas de ajuste, como la reducción de la masa salarial en el presupuesto de 2025, la disminución del gasto en bienes y servicios, y la reducción de transferencias a municipios.
Impacto en el financiamiento internacional
Economistas han señalado que un acuerdo con el FMI es crucial para estabilizar las finanzas públicas y reducir el peso de la deuda, que al cierre de 2024 superó los $32,107 millones, incluyendo pensiones.
De ser aprobado, el acuerdo facilitaría el acceso a $3,500 millones adicionales en financiamiento de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
