Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que el 45% de la recaudación tributaria de El Salvador entre 2017 y 2022 proviene de impuestos regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que afecta a todas las personas sin distinción de ingresos.
La investigación, parte de un análisis sobre el «panorama de oportunidades» de El Salvador, reconoce la posibilidad de mejorar la recaudación de manera más progresiva, donde aquellos con ingresos superiores contribuyan proporcionalmente más.
Según el informe, el 85% de la carga tributaria del país recae en dos grandes impuestos: el IVA, con una tasa del 13% aplicable a todos los productos y servicios, y el Impuesto sobre la Renta (ISR), que abarca retenciones salariales y declaraciones de ganancias.
El BID señala que la lucha contra la evasión ha tenido éxito, pero persisten los altos gastos tributarios, como deducciones y exenciones, representando un 3% del PIB en 2019, por debajo del promedio latinoamericano del 3.5%.
Una investigación del Banco Central de Reserva (BCR) respalda estos hallazgos, destacando la dependencia de El Salvador de impuestos indirectos, lo que expone las finanzas públicas a fluctuaciones en el consumo y la actividad económica.
El BCR subraya la importancia de aumentar la participación de la tributación directa para mejorar la eficiencia, equidad y estabilidad de los ingresos. Además, sugiere la necesidad de un ajuste fiscal, recomendación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha respaldado en varias ocasiones, proponiendo considerar cambios en la tasa de impuestos al consumo y la implementación de impuestos a la propiedad, con medidas para proteger a la población vulnerable.
