El comportamiento del precio del maíz en el mercado nacional encendió las alertas de las autoridades económicas, luego de que se detectara que algunos establecimientos están ofreciendo el quintal por arriba de los $25, un valor mayor al observado en los puntos de distribución promovidos por el Gobierno.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que se abrió una investigación para establecer si el incremento responde a condiciones reales de oferta y demanda o si se trata de prácticas que puedan afectar el equilibrio del mercado.
El funcionario detalló que la institución ha intensificado los controles en comercios mayoristas, minoristas y centros de distribución, como parte de las acciones para proteger el bolsillo de la población y evitar alzas injustificadas en productos de la canasta básica.
Verificaciones a escala nacional
Durante el presente año, la Defensoría ha desarrollado más de 6,200 inspecciones relacionadas con alimentos esenciales, con énfasis en granos básicos como el maíz, que forma parte fundamental de la dieta salvadoreña y tiene incidencia directa en el precio de tortillas y otros derivados.
En paralelo, el Gobierno mantiene habilitados puntos de venta en distintos departamentos donde el quintal de maíz blanco se comercializa a $22, medida que busca estabilizar el mercado y ofrecer una referencia de precio accesible para consumidores y comerciantes.
Autoridades no detectan problemas de abastecimiento
Salazar señaló que, hasta ahora, los análisis no muestran dificultades en las importaciones ni en la demanda interna que expliquen el incremento reportado en algunos negocios, por lo que no se descarta la posibilidad de irregularidades en la cadena de comercialización.
El titular de la Defensoría advirtió que el acaparamiento de productos puede provocar aumentos artificiales y generar incertidumbre en el mercado, afectando la economía familiar y el costo de vida.
Ley contempla sanciones penales
Las autoridades recordaron que la normativa vigente establece castigos para quienes oculten productos o manipulen los precios de bienes esenciales.
Según explicó Salazar, estas conductas pueden ser sancionadas con penas de entre tres y cuatro años de prisión, las cuales pueden aumentar hasta seis años cuando se cometen en contextos de emergencia o situaciones excepcionales.
La Defensoría del Consumidor aseguró que continuará con las inspecciones en todo el país para garantizar condiciones justas en la comercialización de alimentos, un factor clave para la estabilidad económica y el control de la inflación en El Salvador.
