La primera ley que busca prevenir casos de monopolio entre las grandes tecnológicas en Japón entró en vigor este jueves, forzando cambios en los servicios de los gigantes tecnológicos Apple y Google como la apertura de sus tiendas digitales a la competencia.
La Ley de Competencia del Software Movil (MSCA, en inglés) es el primer marco regulatorio que busca prevenir los monopolios en materia de tecnología antes de que se hayan producido en el archipiélago, siguiendo los pasos de legislaciones como la europea, y fue aprobada por el Parlamento japonés en junio de 2024.
Ante la entrada en vigor hoy de las normas, Apple dijo en un comunicado que ha abierto sus iPhone en Japón a «tiendas alternativas de aplicaciones» en las que los desarrolladores podrán distribuir sus propias ‘apps’ pagando comisiones del 5 % a la empresa estadounidense.
No obstante, estas tiendas de aplicaciones alternativas deberán contar con la autorización de Apple.
Google defiende su cumplimiento previo
Paralelamente, Google también buscó adaptarse al nuevo marco legal nipón con cambios en su sistema y funcionamiento aunque defendió en un comunicado que «ya cumple con muchos de los requisitos», como por ejemplo la posibilidad de utilizar tiendas de aplicaciones de terceros.
Ambas empresas establecieron ‘pantallas de elección’ en sus dispositivos que obligarán al usuario a elegir de forma activa qué motor de búsqueda desean usar, por ejemplo, además de permitir sistemas de facturación alternativos a Google o Apple Pay.
Pese a estas aperturas, ambos grupos subrayaron que mantuvieron una colaboración estrecha con las autoridades japonesas para garantizar que estos cambios no ponen en riesgo la ciberseguridad ni privacidad de los usuarios.
La Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC), encargada de la nueva legislación, quiere corregir el oligopolio que mantienen las grandes compañías con el fin de reducir el poder de las plataformas en el suministro de servicios, y abrir el ecosistema a nuevos competidores locales e internacionales.
El nuevo marco jurídico, que toma como referencia la Ley de Mercados Digitales (DMA en sus siglas en inglés) de la Unión Europea, impide que los grandes operadores impongan prácticas injustas para tiendas de aplicaciones, sistemas de pago o motores de búsqueda de terceros que compitan directamente con los servicios de la propia plataforma.
Prohíbe a los grandes grupos, por ejemplo, dar prioridad a sus servicios en los resultados de búsqueda de Internet, o no dar elección a los usuarios a elegir un navegador predetermiando diferente al de la propia compañía.
