El fomento a la inversión privada en El Salvador podría recibir un impulso significativo si la Asamblea Legislativa aprueba la Ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que establece incentivos fiscales para proyectos de gran envergadura. Bajo el proyecto, las empresas que realicen inversiones superiores a $1 millón y cuyo proyecto alcance los $20 millones podrían acceder a créditos tributarios, siempre y cuando cumplan con una serie de obligaciones regulatorias y de transparencia.
El proyecto de ley establece que las empresas deberán contar con permisos de operación y autorizaciones según su actividad productiva, mantener registros contables detallados y controles internos que permitan verificar los activos, costos e ingresos asociados al proyecto de expansión que califique para el crédito tributario. Además, deberán contar con servicios de auditoría autorizada o una firma independiente de auditoría registrada ante el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, la cual deberá emitir informes semestrales.
Los auditores deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por la ley, y los informes de cumplimiento serán remitidos a la Dirección General de Impuestos Internos y al Ministerio de Economía. El primer informe, correspondiente al período de enero a junio, se presentará a más tardar el 31 de octubre, mientras que el segundo, de julio a diciembre, deberá entregarse en mayo. La ley contempla que, si no se presentan los informes en los plazos establecidos, la autorización de los auditores para emitirlos será revocada.
Asimismo, las empresas que deseen aplicar a los incentivos fiscales deberán permitir el acceso a sus instalaciones a los delegados de los ministerios de Economía y Hacienda y proporcionar toda la información que sea requerida, incluidos informes especiales certificados por auditores. Cualquier modificación al proyecto de expansión original deberá ser autorizada previamente por las autoridades competentes.
La iniciativa será analizada este martes 13 de enero en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, donde se espera un debate sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión privada y el cumplimiento de obligaciones fiscales y de transparencia.
