El Presidente de la República, Nayib Bukele, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25, una iniciativa que busca brindar un alivio económico a las familias salvadoreñas durante enero, un mes históricamente complejo para muchos hogares debido a gastos acumulados de fin de año y obligaciones financieras. La medida consiste en otorgar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual a trabajadores con ingresos de hasta $1,500, tanto del sector público como privado.
Según explicó el Gobierno, este beneficio no reemplaza el salario habitual y estará exento de descuentos de renta, ISSS o AFP, además de ser inembargable, asegurando que llegue íntegro a los beneficiarios. El pago se realizará entre el 15 y el 25 de enero, con un despliegue gradual que iniciará en 2026, garantizando primero a todos los empleados públicos la recepción completa del incentivo.
En el caso del sector privado, la adopción de la medida será voluntaria durante el primer año. Las empresas que opten por otorgar este beneficio podrán deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta, un incentivo que busca equilibrar la sostenibilidad de las empresas con la necesidad de apoyar a los trabajadores.
Desde una perspectiva económica, la Ley Quincena 25 representa un estímulo al consumo interno, ya que inyecta liquidez directamente en los hogares en un momento en que los gastos son altos y la capacidad de ahorro limitada. Para la economía salvadoreña, este tipo de medidas pueden generar un efecto multiplicador: el aumento del gasto familiar impulsa la demanda de bienes y servicios, beneficiando a comerciantes y empresas, y contribuyendo al crecimiento económico durante un período tradicionalmente lento.
No obstante, expertos advierten que su impacto dependerá de la implementación eficiente y del equilibrio fiscal. Mientras que para el Gobierno supone una inversión social estratégica, es fundamental garantizar que la medida no genere presiones sobre el presupuesto público que comprometan otros sectores prioritarios.
La Ley Quincena 25 se perfila así como una herramienta para fortalecer la resiliencia económica de las familias salvadoreñas y dinamizar la actividad productiva en el arranque del año, combinando asistencia directa con incentivos fiscales para el sector empresarial.
