Las plataformas digitales de transporte (PDT) experimentaron un acelerado auge durante la pandemia de la covid-19 en las principales economías de Latinoamérica y mantienen hoy un crecimiento sostenido, aunque con problemas de precariedad, explotación y leyes laborales insuficientes.
En países como Chile, por ejemplo, se han convertido en uno de los mejores flotadores para miles de migrantes irregulares atrapados en el laberinto burocrático que supone intentar lograr una visa estable y un permiso de trabajo.
Situación que permite los abusos por parte de las empresas que han aumentado de forma considerable su volumen de negocio en el marco de un modelo de economía liberal que les favorece, junto la alta penetración de internet.
No existen datos oficiales sobre cuántos «riders» hay, pero no hay más que salir a la calle para ver decenas de motos y bicicletas con mochilas con logotipos de multinacionales del sector como Cornershop, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats.
Según el último informe del Ministerio del Trabajo, el número se acerca a 300.000, de los cuales un 43 % son chilenos y un 57 % extranjeros, mayormente venezolanos (42,5 %), seguidos de colombianos (4,4 %) y peruanos (3,5 %), en su mayoría hombres.
La situación laboral de estos «riders», la mayoría trabajadores independientes, se rige por la llamada «Ley Uber» y la Ley 21.431, que modifica el Código del Trabajo y establece normas comunes aplicables a todos los trabajadores, sean asalariados o independientes.
«Los ‘riders’ se han ido organizando», señala Palomo y pone como ejemplo interesante el sindicato de Cornershop, plataforma chilena comprada en 2021 por Uber, con quien tuvo «una primera negociación colectiva» ya que «nunca había negociado colectivamente en ningún país del mundo».
En Brasil, que según un estudio de la escuela de negocios Fundación Getúlio Vargas (FGV) supone la mitad del mercado de entregas a domicilio de comida en Latinoamérica, los problemas apuntan a la amenaza de monopolio e igualmente a la precariedad laboral, cuestiones que el gobierno de Lula Da Silva asegura estar dispuesto a combatir.
De acuerdo con FGV, el 80 % del mercado está concentrado en la empresa local iFood, que en 2020 ya recibió un serio varapalo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) -órgano antimonopolio- al vetarle los contratos de exclusividad con restaurantes tras una denuncia de Uber Eats y la colombiana Rappi.
La pelea es por un negocio multimillonario: según la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel) las ventas de comida a domicilio alcanzaron unos 7.000 millones de dólares en 2021, el 20 % de toda la facturación del sector.
