La digitalización se convirtió en un tema de relevancia en las acciones que Panamá emprendió para salir este año de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en lo que toca a lavado de dinero.
Panamá ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de permanecer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Por un lado, un mayor escrutinio de los socios de la comunidad internacional en las transacciones; por otro, una merma en la inversión extranjera. Pero cierra 2023 con el reconocimiento por parte de Gafi, a sus esfuerzos en el combate contra el lavado de dinero, entre los cuales destacan las estrategias de digitalización para dar seguimiento a las operaciones financieras.
“Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019“, mencionó el Gafi en un comunicado a finales de octubre.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), admite que el país es “muy vulnerable al riesgo por su ubicación geográfica y apertura comercial al mundo; pero también atractivo para el narcotráfico”.
En 2014, Panamá fue incluida en la lista gris del Gafi, que incluye a los países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En 2019, el país adquirió el compromiso para trabajar con el Gafi y con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para su capacidad de investigar y enjuiciar el lavado de dinero, con 15 acciones específicas. Los plazos vencieron en 2021, y desde entonces la nación se encaminó a seguir un plan de prevención y acción para salir de la oprobiosa lista.
En Panamá, la norma que aborda el blanqueo de capitales se encuentra en la Ley 23 de 2015 o Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta ley establece una serie de medidas y regulaciones para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero.
La evasión tributaria había sido anteriormente sancionada, pero en 2019 se elevó a la categoría de delito con pena de cárcel. De esta manera, Panamá ha evolucionado junto con los estándares mundiales.
De acuerdo con Berguido, la ABP ha liderado en el país canalero el esfuerzo por cumplir con los estándares internacionales para prevenir y castigar el blanqueo de capitales, así como gremios privados: la Cámara de Comercio, la Asociación panameña de Ejecutivos de Empresa, la Asociación panameña de Aseguradores, la Cámara del Mercado de Capitales.
Las tres entidades regulatorias que refuerzan las medidas de prevención, son la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros: “Las tres tienen dentro de sus mandatos específicamente la lucha contra el blanqueo de capitales, son superintendencias sumamente activas en la producción de reglamentos y en la verificación de su cumplimiento, para prevenir el que se hagan transacciones con personas que no han pasado el filtro de una debida diligencia”, confirma Berguido.
Por otra parte, la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, llegó como una entidad prácticamente nueva para reforzar las estrategias contra el blanqueo de capitales. Aprobado mediante la Ley 129, de 2020, y el Decreto Ejecutivo 13, de 2022, a través de éste instrumento los abogados que prestan los servicios de agente residente, registran las personas jurídicas -incorporadas en el Registro Público de Panamá-, lo mismo que a los beneficiarios finales (personas naturales).
Lo anterior convierte a este proceso en “un registro digitalizado para el acceso de autoridades. Más del 50% de todas las personas jurídicas que hay registradas en Panamá, tienen sus datos incorporados a ese registro. Yo creo que casi ningún país en el mundo lo tiene”, enfatizó Berguido.
