La Defensoría del Consumidor cerró 2025 con resultados que reflejan un impacto directo en la economía de los hogares salvadoreños y en la dinámica de los mercados. La institución informó la recuperación de $57.6 millones a favor de 329,491 consumidores, la cifra más alta registrada en un solo año, según confirmó su presidente, Ricardo Salazar, durante la rendición de cuentas institucional.
Desde una perspectiva económica, el monto recuperado representa un incremento del 41 % respecto a 2024, cuando se restituyeron cerca de $40 millones. Para Salazar, este desempeño responde al fortalecimiento de los mecanismos de recaudación y a una mayor efectividad en la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, lo que ha permitido corregir prácticas comerciales que afectaban el bolsillo de la población.
Del total recuperado, $43 millones provienen de 130 casos colectivos, una herramienta clave para resolver conflictos de alto impacto económico, mientras que $13.8 millones corresponden a 22,455 casos individuales. A esto se suman $748,000 obtenidos mediante resoluciones emitidas por el Tribunal Sancionador.
Sectores con mayor impacto económico
La Defensoría detalló que el 97 % de los recursos restituidos se concentró en cinco sectores estratégicos: inmuebles, financiero, telecomunicaciones, turismo y vehículos, áreas que concentran una parte relevante del gasto de los hogares y de la actividad económica.
El sector inmobiliario lideró la recuperación con $41.94 millones, beneficiando a 18,120 clientes, seguido por los servicios financieros, donde 10,397 consumidores lograron soluciones a sus reclamos. En telecomunicaciones, 292,815 personas recibieron devoluciones que en conjunto sumaron $1.6 millones.
Asimismo, se recuperaron $1.3 millones en el sector turismo para 459 beneficiarios, y $1.1 millones en negocios vinculados a la compra y venta de vehículos, en favor de 441 personas.
Supervisión y sanciones
Como parte de su estrategia de control del mercado, la Defensoría realizó más de 5,000 inspecciones a nivel nacional durante 2025 y emitió 500 resoluciones sancionatorias, que derivaron en $3.6 millones en multas a distintos establecimientos.
Estos resultados, según la institución, no solo buscan resarcir a los consumidores, sino también promover un entorno económico más transparente y competitivo, donde el cumplimiento de la normativa contribuya a la estabilidad y confianza en las relaciones de consumo.
