La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE), cambios que modifican la gobernanza de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), actualizan los criterios de clasificación empresarial y establecen nuevas condiciones para el acceso a financiamiento y la formalización del sector.
La iniciativa, presentada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, fue avalada con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados, sin modificaciones respecto al proyecto original. La diputada de Vamos votó en contra y cuestionó ajustes en la integración de la directiva de Conamype y cambios en el lenguaje de la normativa.
Desde una perspectiva económica, la reforma busca ampliar la inclusión financiera, facilitar la formalización y mejorar la relación de las micro y pequeñas empresas con el Estado, aunque también introduce nuevas obligaciones administrativas para el sector.
Nuevos límites de ventas y segmentación empresarial
Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de los rangos de ventas brutas anuales que determinan la clasificación de las empresas.
El techo para microempresa sube hasta 500 salarios mínimos, mientras que el límite superior de la pequeña empresa aumenta a 5,000 salarios mínimos, manteniéndose el rango de entre 11 y 50 trabajadores.
Además, se crean tres subcategorías dentro de la microempresa, con el objetivo de diferenciar niveles de desarrollo productivo y orientar mejor las políticas públicas:
- Subsistencia: hasta 57 salarios mínimos en ventas y máximo dos trabajadores.
- Acumulación: más de 57 hasta 300 salarios mínimos, con tres o cuatro empleados.
- Expansión: más de 300 hasta 500 salarios mínimos, con cinco a diez trabajadores.
La reforma establece que esta clasificación será la base para definir tarifas, simplificación de trámites, programas de formalización y políticas de inclusión financiera.
Trámites más baratos y pagos priorizados del Estado
La normativa incorpora el criterio de proporcionalidad en los costos de servicios y trámites gubernamentales, lo que implica que las instituciones deberán aplicar tarifas diferenciadas según el tamaño de la empresa.
También se instruye al Ministerio de Hacienda a crear mecanismos para priorizar el pago a proveedores MYPE, manteniendo el plazo máximo de 30 días para cancelar obligaciones.
La compensación por retrasos se conserva, aunque se reubica en otro artículo de la ley, mientras que se elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones por atrasos en los pagos.
Acceso a crédito con requisitos más flexibles
Uno de los cambios con mayor impacto económico es la obligación para el sistema financiero de diseñar servicios adaptados a las MYPE, incluyendo un enfoque de riesgo diferenciado.
La reforma establece que las instituciones deberán flexibilizar requisitos relacionados con historial crediticio y tiempo de operación, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento y promover la formalización empresarial.
Analistas consideran que esta disposición podría ampliar el crédito productivo, aunque dependerá de la regulación secundaria y de la disposición de la banca para asumir mayor riesgo.
Cambios en la directiva de Conamype
La reforma modifica la integración de la junta directiva de Conamype, incorporando al Ministerio de Hacienda y excluyendo a representantes de universidades, decisión que generó críticas en el debate legislativo.
Las universidades permanecen únicamente en disposiciones relacionadas con innovación, capacitación y desarrollo tecnológico, en coordinación con el Ministerio de Economía y Conamype.
Asimismo, se eliminan comités municipales y departamentales y se sustituyen por mesas técnicas locales, que deberán ser creadas por las alcaldías junto con gremiales y sectores productivos para diseñar proyectos y programas dirigidos a las MYPE.
Más requisitos para registrarse como MYPE
Las reformas también introducen nuevas obligaciones para las empresas que deseen inscribirse en el Registro MYPE.
Las personas naturales deberán presentar su declaración de renta o una declaración jurada de ingresos, y todas las empresas deberán actualizar sus datos cada dos años para mantener su certificación.
Este cambio busca fortalecer el control fiscal y la formalización, pero podría representar un reto para negocios de subsistencia que operan en la informalidad.
Impacto económico
Con estas reformas, el Gobierno apuesta por ordenar el ecosistema de la micro y pequeña empresa, sector que representa la mayor parte del tejido productivo del país.
Sin embargo, especialistas señalan que el éxito dependerá de la implementación de los mecanismos financieros, la reducción real de trámites y la capacidad del Estado para cumplir con los pagos a proveedores, factores clave para mejorar la liquidez y competitividad de las MYPE.
