La Fiscalía Europea desmanteló una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella.
Según información de un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación ADMIRAL, coordinada por la Fiscalía Europea, supone el desmantelamiento del mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la UE, a través de una compleja red en la que están implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
La Fiscalía Europea ha coordinado la operación en colaboración simultánea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía, países en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En concreto en España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Barcelona.
Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (Málaga), en las que se intervinieron dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil.
Casi dos años de investigación
La investigación surgió en abril de 2021 después de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos.
Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hizo cargo de la investigación lusa.
A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscalía Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
