Diputados buscan la extensión del plazo de 60 días para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales, aduaneras y multas de tránsito sin generar intereses ni recargos. El tiempo se contabiliza a partir de la entrada en vigencia de la normativa correspondiente.
La medida forma parte de la Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas, implementada por primera vez en 2023. En aquella ocasión, más de 36 mil personas se acogieron a los beneficios, logrando una recaudación superior a 100 millones de dólares, de los cuales un 57 % correspondió a pequeños contribuyentes.

En 2024, los registros muestran que 59 mil 493 contribuyentes aprovecharon la facilidad, generando ingresos de 105.6 millones de dólares. La mayoría de los beneficiados continúa siendo los pequeños contribuyentes, que representan el 63 % del total, mientras que los grandes y medianos contribuyentes alcanzan el 23 % y 14 % respectivamente.
La amnistía aplica a deudas pendientes en la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, el Tribunal de Apelaciones de Impuestos y Aduanas, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procesos de Amparo Constitucional, la Fiscalía General de la República y multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como otras multas determinadas por instituciones de la Administración Pública, excluyendo las municipales.
La medida no implica la exoneración de las multas, sino únicamente de los intereses que estas generen, permitiendo que los recursos previamente destinados al pago de recargos puedan destinarse a capital de trabajo e inversión, impactando positivamente en la economía.