El sector construcción continúa marcando el ritmo de la economía salvadoreña, respaldado por la agilización de procesos en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT). En tan solo cuatro meses, la entidad ha autorizado y emitido resoluciones técnicas para 250 proyectos, lo que representa una inversión cercana a los $1,600 millones.
La directora de la DOT, Paola Bardi, destacó que dentro de esta cifra se incluyen $300 millones en iniciativas ubicadas en el área de influencia de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), con la cual se mantiene un trabajo coordinado. Actualmente, la institución procesa alrededor de 2,000 solicitudes de permisos en distintas etapas, que podrían convertirse en nuevos proyectos en el corto plazo.
Uno de los avances más relevantes ha sido la simplificación de trámites. Según Bardi, el tiempo estimado para obtener un permiso, que en el pasado podía superar los 880 días, ahora se ha reducido a un promedio de 30 días para solicitudes individuales y 45 días para las integradas.
“Desde el inicio de la actual administración nos propusimos eliminar obstáculos que frenaban al sector. Hoy contamos con un sistema que responde con agilidad al crecimiento acelerado de la construcción”, afirmó la funcionaria.
La DOT centraliza actualmente procesos que antes debían gestionarse en 12 instituciones distintas. Esto ha permitido eliminar cerca de 1,300 requisitos que complicaban la obtención de autorizaciones. Bardi aclaró que esta reducción de tiempos no significa un relajamiento de los controles: “No se sacrifica la calidad ni el rigor de cada uno de los permisos”, subrayó.
Como parte de su política de acompañamiento al sector privado, la funcionaria visitó recientemente el proyecto Art HAUS, una torre de usos mixtos de 18 niveles con una inversión de $50 millones, desarrollada por HAUS en la colonia San Benito, San Salvador. Este proyecto es uno de los que ha recibido apoyo técnico de la DOT para garantizar su desarrollo en los plazos previstos.
Con estas acciones, el Gobierno busca no solo dinamizar el rubro de la construcción, sino también consolidar la inversión privada como motor clave para la economía salvadoreña.
