Un informe del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) revela que el sector informal sigue siendo una parte significativa del mercado laboral en El Salvador, con una mayor proporción de mujeres en esta situación. La Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral (UIMEL) señala que 2023 registró la tasa más alta de informalidad no agrícola desde 2019, alcanzando un 45.2 %.
Durante 2020, en plena pandemia de COVID-19, más de 783,095 trabajadores operaban en el sector informal no agrícola, representando un 49.1 % de la fuerza laboral del país. Aunque esta cifra se redujo en los años siguientes, la tendencia cambió en 2023 con un incremento del 9.89 %, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
El informe destaca que la informalidad afecta principalmente a trabajadores por cuenta propia, quienes carecen de acceso a seguridad social y sistemas de pensiones como las AFP. Estos trabajadores suelen operar con pocos o ningún empleado y no cuentan con un local formal.
El análisis subraya una marcada diferencia entre hombres y mujeres en el sector informal. En 2023, el 49.7 % de los trabajadores informales eran hombres, mientras que un 41.3 % eran mujeres. Sin embargo, las mujeres han tenido una representación constante y significativa desde 2019, alcanzando su mayor proporción en 2020, con un 54.6 %.
La informalidad está ampliamente presente en actividades relacionadas con el consumo y los servicios básicos. Los sectores de comercio, hoteles y restaurantes lideran en términos de empleados informales, seguidos por la industria manufacturera, la construcción y los servicios comunales, sociales y de salud.
Además, la mayoría de los ocupados en la economía informal son trabajadores por cuenta propia sin un local establecido. Les siguen los asalariados permanentes y temporales, familiares no remunerados y empleadores con locales pequeños.
El informe del MTPS enfatiza la necesidad de fortalecer las políticas públicas para formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales de miles de salvadoreños que dependen del sector informal. El reto no solo implica garantizar el acceso a derechos laborales básicos, sino también reducir la dependencia económica de actividades informales que, si bien son esenciales, carecen de estabilidad y protección social.
