La estabilidad, la seguridad jurídica y operativa de las empresas centroamericanas en Nicaragua, se está viendo vulnerada como resultado de las dinámicas gubernamentales, donde la palabra “expropiación” se ha convertido en un fantasma de acecho que amenaza la operatividad de las mismas.
La empresa envasadora de gas licuado Tomza, de origen guatemalteco y con presencia en diferentes países de Centroamérica, se convirtió en una de las últimas empresas expropiadas por dicho gobierno; según la información, en los últimos meses, la empresa fue custodiada por la Policía Nacional de Nicaragua, bajo una dinámica gubernamental aplicada a otras empresas privadas que han sido expropiadas por el Gobierno de Daniel Ortega.
El terreno estuvo bajo la custodia de la Policía Nacional, a cargo de la delegación del municipio de Tipitapa, quienes no permitieron desde el mes de julio de 2016 el ingreso de ninguna persona a las instalaciones. Hasta el pasado 8 de marzo que personeros de una empresa petrolera se presentaron en las instalaciones para efectuar cambios de imagen en la infraestructura, pintando las paredes de los colores oficiales de una reconocida empresa estatal, apropiándose de la planta.
Según información extraoficial y documentos de la Procuraduría General de la Nación, en la “certificación de la Resolución 350-2020 de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que el inmueble tiene un área de 84,601.487 metros cuadrados menciona que 77,714.42, delineada a favor de Corporación Tomza, S. A, y que el área 12,042.69 mts cuadrados cuadrados pertenecen al Estado de la República de Nicaragua, que es exactamente el área delimitada con el muro perimetral dentro del cual están las instalaciones”.
La expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada desde al Estado; interviene también, una serie de garantías y derechos para las empresas, que por años han generado fuentes de empleo en la nación.
Para las autoridades de la empresa expropiada, Tomza, el hecho es sin precedentes y sin cumplimiento de los procesos establecidos por las mismas leyes de dicho país. A la vez, se muestran preocupados por la continuidad y protección laboral de cientos de empleados de la empresa quienes, a través de los años de operar en Nicaragua, han sacado adelante la producción, obteniendo resultados que ahora será un beneficio directo para el Estado.
Caso similar ocurrió en 2018 con los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial de Nicaragua, cerrados y quienes catalogaron de “robo y expropiación”, a la administración de Daniel Ortega, incluyendo la orden de colocar rótulos en los exteriores de las sedes de las empresas de comunicación que permanecen tomadas por la Policía Nacional.
Dichos medios fueron señalados en su exterior con carteles donde se lee que los edificios pasarán a manos del Estado, pese a que legalmente no existe ningún fallo que así lo justifique.
En Centroamérica, diferentes empresas han sufrido en cuanto a explotación de recursos naturales, como la minería, hidroeléctricas e hidrocarburos, además de la expropiación de frecuencias de televisión, radio, telefonía e Internet. Los fallos judiciales adversos a las empresas, los conflictos sociales y políticos y además de los problemas económicos y fiscales, sobre todo tras la pandemia de COVID-19, son algunos de los factores que entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en la región Centroamérica, con ello, la falta de crecimiento económico.
