Panamá dio un paso administrativo para mitigar riesgos ambientales asociados a la mina Cobre Panamá, paralizada desde 2023, al anunciar la salida ordenada del material rocoso acumulado antes del cierre. La decisión, explicada por el presidente José Raúl Mulino, busca reducir pasivos ambientales sin alterar el estatus legal del proyecto minero.
El mandatario informó que miles de toneladas de material extraído permanecen almacenadas en el yacimiento, cuya operación fue suspendida por orden judicial. La permanencia prolongada de estos volúmenes, sin manejo técnico adecuado, representa un potencial riesgo ambiental, por lo que el Ejecutivo instruyó la coordinación del procesamiento y exportación del material disponible.
Mulino subrayó que la medida no implica la reapertura ni la reactivación de la mina. Se trata, dijo, de una acción puntual de gestión ambiental mientras se mantiene vigente el cierre del proyecto, operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Cobre Panamá fue inhabilitada tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión. La resolución se produjo en un contexto de intensas protestas sociales que combinaron un rechazo a la minería metálica y fuertes críticas al gobierno anterior encabezado por Laurentino Cortizo.
Desde una perspectiva económica, la mina tuvo un peso relevante para el país. En 2022 aportó alrededor del dos por ciento de la producción mundial de cobre, generó unos siete mil empleos directos y cerca de treinta mil indirectos, además de concentrar una inversión estimada en diez mil millones de dólares, según datos oficiales y de la empresa.
El debate sobre su futuro sigue abierto y polarizado. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil sostienen que el proyecto debe permanecer cerrado por sus impactos ecológicos, mientras que extrabajadores y actores productivos advierten sobre las consecuencias económicas y laborales de una paralización indefinida.
El presidente señaló que cualquier definición de largo plazo dependerá de los resultados de una auditoría actualmente en curso y del análisis de expertos internacionales, quienes evaluarán la viabilidad de un eventual esquema que sea sostenible y alineado con los intereses nacionales. En ese marco, el Gobierno panameño ha buscado apoyo técnico externo y ha recibido disposición de colaboración por parte de países con experiencia en minería responsable, como Chile, en un intento por incorporar estándares internacionales antes de tomar decisiones de fondo sobre uno de los proyectos más controversiales de la última década.
