La reciente orden del Juez Santiago Pedraz de cerrar la plataforma de mensajería Telegram en España a instancias de Atresmedia, Mediaset y Movistar (este último responsable del cierre de más de 70 medios en iberoamérica contrarios al régimen de Nicolás Maduro) ha suscitado inquietud en relación con la libertad de expresión en el país, especialmente en el contexto de las elecciones europeas programadas para el 9 de junio.
La decisión de cerrar Telegram, una herramienta de comunicación ampliamente utilizada por una gran parte de la sociedad española, plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la imparcialidad en el manejo de asuntos de interés público.
Es relevante destacar que esta medida se produce en un momento en el que el candidato outsider Alvise Pérez ha desempeñado un papel activo en la denuncia de presuntos actos de corrupción. Pérez, reconocido analista y comunicador, ha utilizado su influencia en redes sociales, incluido un canal de Telegram con una importante audiencia, para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública.
ORDEN HISTÓRICA DE CIERRE DE TELEGRAM EN ESPAÑA: PREOCUPA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO ELECTORAL
Alvise Pérez ha sido el único candidato que ha anunciado una alianza con peritos informáticos forenses para la “auditoría masiva de la integridad del proceso electoral frente a posibles modificaciones del software de la multinacional INDRA”, empresa que lleva los procesos electorales en el país.
El cierre de Telegram en España también plantea cuestionamientos sobre la compatibilidad de esta acción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hasta la fecha, Telegram ha sido prohibido únicamente en países con historiales notorios de censura y represión, como China, Pakistán, Irán y Corea del Norte.
En un momento en el que la transparencia y la participación democrática son más importantes que nunca, el cierre de Telegram en España representa un paso atrás alarmante. La sociedad española espera respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y salvaguardar el proceso democrático en el país.
