El sector cafetalero salvadoreño podría enfrentar cambios relevantes en sus procesos de comercialización y exportación si se aprueba el paquete de reformas presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café, iniciativa que introduce nuevas infracciones, modifica plazos administrativos y redefine el papel del análisis de calidad en la autorización de exportaciones.
La propuesta fue remitida por el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, a la Asamblea Legislativa, donde fue enviada a estudio de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, instancia que deberá evaluar el impacto de los cambios en la competitividad del sector y en los mecanismos de control institucional.
Más controles y nuevas infracciones en la cadena del café
El proyecto incorpora nuevas faltas consideradas graves y muy graves, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y el cumplimiento de los registros ante el Instituto Salvadoreño del Café (ISC).
Entre ellas, se incluye como infracción grave realizar actividades de procesamiento sin estar acreditado ante el Instituto, mientras que se clasifica como infracción muy grave efectuar operaciones de compra o venta de café con registros vencidos.
Además, la reforma obligaría a beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores a reportar al ISC los ingresos de café provenientes de terceros cuando se trate de servicios de procesamiento, una medida que busca transparentar la cadena productiva y evitar irregularidades en la comercialización.
El proyecto también amplía el alcance de la ley al incorporar a los semilleristas dentro de los actores que deberán registrarse formalmente, lo que fortalecería el control desde la etapa inicial de la producción.
Cambios en decomisos y supervisión aduanera
Otro ajuste relevante es el establecimiento de un plazo máximo de dos días hábiles para trasladar al beneficio más cercano el café decomisado por falta de documentación, lo que pretende reducir tiempos de retención y pérdidas económicas.
Asimismo, el servicio aduanero estaría obligado a remitir directamente al ISC los permisos de exportación vencidos, alterados o utilizados de forma irregular, reforzando el control sobre las operaciones internacionales del grano.
Exportaciones con plazos más cortos y mayor flexibilidad
En materia de exportación, la reforma reduce de cinco a tres días hábiles el plazo para que el ISC emita el permiso correspondiente después de inscrito el contrato, con el objetivo de agilizar el comercio exterior.
También se establece que el exportador tendrá tres días hábiles para enviar la muestra del café a la unidad de control, contados desde la solicitud del permiso.
Uno de los cambios más significativos es que el resultado del análisis de calidad dejaría de ser vinculante para autorizar la exportación, lo que daría mayor flexibilidad al proceso, aunque podría generar debate en el sector sobre los estándares de calidad y reputación del café salvadoreño en los mercados internacionales.
Permisos más largos y menos requisitos iniciales
La propuesta permitiría que algunos datos del contrato de exportación, como el puerto de destino o el mes de embarque, se presenten posteriormente si no están disponibles al momento de la inscripción, siempre que se entreguen al Instituto cuando se obtengan.
Además, los permisos de exportación tendrían una vigencia de hasta 60 días hábiles renovables, y ya no incluirían fecha de caducidad en el documento, aunque sí deberán detallar estado del café, proceso, tipo de preparación, certificación, empaque y precio FOB por kilogramo.
Impacto económico en análisis
De aprobarse, las reformas podrían reducir tiempos administrativos y facilitar exportaciones, pero también implican mayores obligaciones de registro y control para los actores de la cadena, en un contexto en el que el café continúa siendo un producto estratégico para la economía agrícola salvadoreña y para la generación de divisas.
La discusión legislativa será clave para determinar si los cambios fortalecen la competitividad del sector o incrementan la carga regulatoria en una industria que busca recuperar productividad y presencia en mercados internacionales.
