La agencia S&P Global Ratings subió ayer la calificación de la deuda salvadoreña de ‘CCC+’ a ‘B-’ después del plan de reperfilamiento de la deuda de corto plazo con la banca privada, que reduce los riesgos de impago del Gobierno para los próximos dos años.
“Consideramos que el reciente programa del Gobierno para refinanciar gradualmente su deuda de corto plazo con bancos locales reducirá las necesidades de refinanciamiento y mitigará el riesgo de un incumplimiento en los próximos dos años”, explicó la agencia.
La calificadora dejó la perspectiva estable, que significa que no prevé un cambio en el corto plazo a menos que ocurra un evento drástico que desestabilice las finanzas públicas.
En la escala de S&P, la calificación en el grupo ‘B’ se asigna a los soberanos con grado especulativo, es decir, que tienen capacidad de cumplir sus obligaciones, pero son vulnerables a las condiciones económicas y financieras.
“A pesar del alivio fiscal inmediato resultante de los recientes ejercicios de gestión de pasivos, el país sigue siendo vulnerable debido a su elevada carga de deuda e intereses, y su limitada flexibilidad monetaria”, alegó la agencia.
La calificación de El Salvador se ha mantenido fluctuando entre ‘CCC+’ a ‘B-’ desde 2016. En octubre de ese año, S&P la bajó de ‘B+’ por un débil perfil fiscal y una erosión en la posición de liquidez del Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo con la banca privada para cambiar el perfil de la deuda de corto plazo, cuyo cambio más significativo corresponde a que los vencimientos pasan de un año plazo a estructuras que van de uno a siete años, a cambio de un aumento en la tasa de interés de un 8.25 % a un 9.75 %.
S&P señaló que el plan comenzó a ejecutarse en octubre y tomará un año completar el proceso, que incluye $1,400 millones de los $2,800 millones emitidos en certificados y letras del Tesoro (Cetes y Letes).
El plan de refinanciamiento consiste en que el Gobierno reembolsa en su totalidad los títulos pendientes de vencimiento. Al siguiente día, emite una nueva obligación con estructuras de pago más largas para que los bancos adquieran estos certificados.
Al finalizar el proceso, las necesidades de financiamiento en la deuda de corto plazo se reducirán a entre $1,700 y $2,000 millones anuales. La agencia recordó que el Gobierno también ha propuesto en el presupuesto general de la nación de 2024 bajar el límite de estos compromisos de un 25 % a un 20 % de los ingresos corrientes.
La agencia señaló que el Gobierno de Nayib Bukele redujo las amortizaciones de los bonos para 2025 con la recompra de bonos. Además, logró un “alivio” por cuatro años con la reestructuración de la deuda de pensiones, que estableció un período sin pago de intereses y capital.
A pesar del alivio fiscal de estas medidas, añadió la firma, las finanzas públicas siguen siendo frágiles debido a “vulnerabilidades estructurales a largo plazo”.
En ese sentido, la calificación también incorpora “las debilidades institucionales del país, como lo indican las dificultades de larga data para predecir respuestas políticas en medio de controles y equilibrios deficientes”, añadió la agencia en su análisis.
Asimismo, recordó que el Gobierno busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero podría estar listo hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
