El Gobierno de El Salvador busca garantizar que la reforma integral de pensiones, presentada a la Asamblea Legislativa, incluye cambios que priorizan beneficios para todos los pensionados y cotizantes del país.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, acudió este viernes a la Comisión Ad Hoc para el estudio del anteproyecto de Ley Integral del Sistema de Pensiones de la Asamblea Legislativa, para brindar detalles sobre la propuesta presentada semanas tras por el Gobierno.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo beneficiar a la población pensionada y cotizantes del sistema, por lo que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, garantizará que se disponga de los recursos necesarios para honrar sus compromisos previsionales”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda.
La reforma integral de pensiones comprende tres leyes, la Ley integral del Sistema de Pensiones, Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y de Disolución del FOP y la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Dicha reforma busca aumentar las pensiones, no incrementar los cobros a los trabajadores y aumentar la aportación de los patronos. Además, se garantiza un mayor control de las entidades administradoras de pensiones, con la finalidad de cuidar los ahorros de los salvadoreños, ya que, con esta propuesta, la pensión estará garantizada por el Estado.
“Una reforma que no mejore las condiciones de los actuales pensionados y que solo mejore las condiciones de los futuros pensionados no tiene sentido desde mi punto de vista“, recalcó el ministro Zelaya.
Con esta nueva reforma de ley, los pensionados recibirán un incremento del 30 %, el cual será financiado con el 1 % del incremento de los empleadores y la reducción de las cuotas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Gobierno del Presidente Bukele sostiene que la reforma integral está formulada para que la población se sienta segura de que no se está cambiando el sistema de pensiones, sino que se está incluyendo nuevos elementos para que el Estado tenga el control sobre cómo se pagan las pensiones. Ya que se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que velará y regulará los fondos, absorbiendo al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP); mientras que la Superintendencia de Pensiones, el IPSFA y el área previsional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se mantienen.
Con esta reforma, el Gobierno del Presidente Bukele salda una deuda histórica, luego de las normativas impulsadas por ARENA y el FMLN, que no beneficiaron a los cotizantes, sino que se hicieron para cubrir los intereses de terceros y de gobiernos que usaron los ahorros de los trabajadores para financiar deudas y actos de corrupción.
