El presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción que obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar declaraciones juradas de activos, pasivos, adquisiciones y transferencias de bienes al Ministerio de Hacienda durante el periodo de declaración de renta. Estas declaraciones deberán publicarse en un plazo máximo de 15 días hábiles y podrán ser revisadas por la Corte de Cuentas de la República, que tendrá acceso irrestricto para investigar y remitir hallazgos a la Fiscalía General de la República (FGR).
El proyecto, entregado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, propone la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y del Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos bajo la dirección de la FGR. El CNA tendrá la tarea de verificar información y rastrear redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones financieras. Entre las entidades que integrarán el SINAC se encuentran la Fiscalía, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, el Órgano Judicial, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia del Sistema Financiero, entre otras.
El proyecto, actualmente en estudio en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, también establece que los delitos de corrupción, como peculado, cohecho, malversación y tráfico de influencias, no prescriben y pueden ser perseguidos sin importar la fecha en que se hayan cometido. Además, Bukele destacó que esta iniciativa busca reforzar la transparencia y la probidad en la función pública. Su anuncio ocurrió la misma noche en que la Asamblea ratificó la reforma al artículo 248 de la Constitución, la cual permite modificar la Carta Magna en un solo trámite.
El acceso a información sobre corrupción ha sido un tema de debate en el país. En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia había denegado datos estadísticos sobre declaraciones patrimoniales y procesados por enriquecimiento ilícito. Ahora, con la propuesta de Ley Anticorrupción, el gobierno busca establecer mecanismos más estrictos para el control y la fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos.
