Latinoamérica y el Caribe consume alrededor de 62 millones de toneladas de leña al año para cocinar que debería reemplazar para 2035 por cocinas eléctricas o a gas, lo que implica invertir alrededor de 7.700 millones de dólares, según una estimación publicada este jueves por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).
El informe indicó que actualmente la leña representa el 31 % del consumo energético residencial en la región y que para lograr que el 95 % de la población tenga acceso a cocción limpia en 2035, será necesario dotar a unos 50 millones de personas de tecnologías modernas, incluyendo cocinas eléctricas, de gas o mejoradas a base de leña.
Este escenario proyectado implica sustituir parcialmente la madera con unos 1.700 millones de metros cúbicos de gas natural, y además se necesitarán alrededor de 46 millones de barriles de gas licuado de petróleo (GLIP), así como 11.000 megavatios de electricidad.
Las inversiones deberán focalizarse en aumentar capacidades eléctricas, modernizar redes de distribución, así como fomentar, tanto producción local, como la importación de combustibles necesarios, apuntó la Olade.
¿Cuánto se ahorraría con el reemplazo de la leña en Latinoamérica?
El reemplazo parcial de leña por energías modernas, combinado con la adopción de cocinas eficientes, podría generar un ahorro energético del 33 % en 2035 respecto a la tendencia actual, con beneficios directos en salud pública, reducción de la deforestación y, por ende, avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El organismo internacional enfatizó que el éxito del plan radica también en asegurar precios accesibles, especialmente para hogares vulnerables, ubicados mayoritariamente en zonas rurales donde tradicionalmente, cuando se obtiene el suministro, es a bajo costo para las familias; lo que constituye, a su vez, una parte integral de la cultura local.
Además, la electrificación doméstica deberá ir acompañada de una expansión considerable de infraestructura dedicada.
La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.
Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
