Luego de la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro el pasado 27 de julio, suscrita por los Magistrados propietarios, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar; los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais, han hecho del conocimiento del Cuerpo Diplomático acreditado en el país que:
«Conforme a los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, las conductas de ambos señalados no cumplen con las garantías de independencia judicial e imparcialidad. Primero, porque se arrogan funciones judiciales que son control de otras autoridades como la Sala de lo Constitucional y Cámara Segunda de lo Penal, no son de su competencia y a la vez, su operatividad corresponden única y exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. En segundo lugar, porque existe un grave conflicto de interés en sus actuaciones recientes, en virtud que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, ha instado a las autoridades competentes del país a realizar una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre las circunstancias de la privación arbitraria de la libertad del empresario Enrique Rais. Lo anterior significa que los citados Magistrados de ser encontrados responsables de tales violaciones, enfrentan responsabilidades administrativas y de naturaleza penal»
«Debido a que el Ilustrado Cuerpo Diplomático inspirado por los principios universales, el derecho internacional consuetudinario, así como la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos regionales e internacionales, propende hacia la promoción y el respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, nos vemos obligados, en el nuevo foro abierto por la mencionada Cámara de lo Penal, de forma atenta y respetuosos de la alta investidura diplomática, no solamente en nombre del Sr. Enrique Rais, sino en atención a que ninguna autoridad o Estado, intente sustraerse de su responsabilidad internacional a tutelar los derechos humanos, bajo invocación de un derecho interno contrario a aquellos estándares, a presentar los descargos a todas las mentiras y tergiversaciones que han brotado de aquel Tribunal», expresaron los juristas, a través de un campo pagado.
